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El Código Nacional de Procedimientos Penales contempla en su Título X sobre los procedimientos especiales, consistente en dos supuestos, entre ellos el de los pueblos y comunidades indígenas.

Usos y costumbres

Las comunidades indígenas practican formas de autogobierno que se rigen por sistemas normativos. Han evolucionado desde los tiempos precoloniales y son conocidos como “usos y costumbres”, que forman parte de su identidad.

Respecto al tema de la jurisdicción indígena, el CNPP se ocupa de esto dentro del Libro Segundo, Título X, Procedimientos especiales, Capítulo I. Según el artículo 420, cuando se trate de delitos que afecten bienes jurídicos propios de un pueblo o comunidad indígena o bienes personales de alguno de sus miembros, y tanto el imputado como la víctima, o en su caso sus familiares, acepten el modo en el que la comunidad, conforme a sus propios sistemas normativos en la regulación y solución de sus conflictos internos proponga resolver el conflicto, se declarará la extinción de la acción penal, salvo en los casos en que la solución no considere la perspectiva de género, afecte la dignidad de las personas, el interés superior de los niños y las niñas o del derecho a una vida libre de violencia hacia la mujer.

En estos casos, cualquier miembro de la comunidad indígena podrá solicitar que así se declare ante el juez competente.

Se busca crear un ámbito jurisdiccional que asuma desde la cosmovisión de los pueblos indígenas, una justicia que recupere la consulta de estos pueblos acerca de sus realidades y problemas y tener claro que los límites y alcances del Nuevo Sistema de Justicia Penal, son insuficientes para entender esta realidad y asegurar su salvaguarda, ya que no parte del sentido expreso de “Integridad Cultural”, es decir, no dimensiona desde los usos y costumbres, la preservación de la dignidad humana de los pueblos indígenas.

Es necesario que sepan reconocer las especificidades indígenas; atender a víctimas y acusados, de forma integral y eficiente resolviendo su situación jurídica en la inmediatez, aplicando los protocolos de actuación y las medidas que preponderen a mujeres y niños para evitar duplicar su vulneración.

El reto es incorporar al sistema normativo que nos rige, los mecanismos tradicionales que tienen los pueblos indígenas para la resolución de conflictos. También es necesario garantizar la adecuada operación del Nuevo Sistema de Justicia Penal y asegurar un debido proceso, ello presupone que la estructura legal actual, deba capacitar a jueces, magistrados, defensores especializados en alguna cosmovisión indígena y con conocimientos de sus derechos, y agentes del ministerio público, para que la procuración e impartición de la justicia, asimile la realidad de los pueblos originarios.

¿Qué se necesita?

“Existe el marco legal, que obliga a las instancias a contar con un intérprete,  pero no se les da reconocimiento; no he visto que haya un espacio donde se profesionalice a esos traductores y que además tengan una retribución económica justa”.

Además de la necesidad del entendimiento del pensamiento indígena, por parte de las autoridades, planteó que los impartidores de justicia también debieran ser indígenas.

Los retos incluyen la cobertura en la traducción, garantizar una defensa bilingüe y el tema de oralidad.

Vía Rendición de cuentas

Vía Plano Informativa

Vía La Jornada Michoacán

3 Comments

  1. Carmelo cruz suarez dice:

    Excelente información sobre los juicios orales

  2. Bernardo Hernandez dice:

    Me parece excelente con el nuevo sistema acusatorio penal

  3. Holmec dice:

    Muy buena información, me gustaría hacer del conocimiento que existe la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, publicado en el DOF el 13 de marzo de 2003, en donde se crea al Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, mismo que tiene por objeto promover el fortalecimiento, preservación y desarrollo de las lenguas indígenas que se hablan en el territorio nacional, el conocimiento y disfrute de la riqueza cultura.

    Dentro de una de sus atribuciones, ubicado en el inciso d) es establecer la normatividad y formular programas para certificar y acreditar a técnicos, intérpretes, traductores y profesionales bilingües. Impulsar la formación de especialistas en la materia, que asimismo sean conocedores de la cultura de que se trate, vinculando sus actividades y programas de licenciatura y posgrado, así como a diplomados y cursos de especialización, actualización y capacitación.

    Ya desde el año de 2010, el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas empieza la operación de certificación de intérpretes traductores en la lengua indígena, se cuenta con un Padrón Nacional de Intérpretes y Traductores en Lenguas Indígenas, que por ahora solo se da acceso a las instituciones gubernamentales previa firma del convenio respectivo.

    El problema ya no es que no haya intérpretes o traductores certificados, el problema radica en quién recae la obligación de cubrir los gastos sufragados, porque hasta el momento, las autoridades judiciales y administrativas dicen que no cuentan con partida específica para cubrir los servicios, muchos intérpretes se encuentran haciendo múltiples actividades, no tienen un lugar de adscripción, a parte son servicios solicitados esporádicamente.

    En cuando al deslinde jurisdiccional que se pretende alcanzar con las reformas del 2001, en donde se dota de autonomía para el ejericicio de la autodeterminación de los pueblos y comunidades indígenas, hasta el día de hoy, no existe el respeto debido a este derecho fundamental consagrado en el artículo 2 Constitucional, desde esta se prevé que ese derecho fundamental estará supeditada al respeto de los derechos humanos, la perspectiva de género, el interés superior del menor, entre otros, la realidad es que no conocemos y mucho menos aceptamos que existan y sigan subsistiendo los derechos indígenas, porque no logramos erradicar el prejuicio hacia lo indígena, y con las reformas de leyes pretendemos cambiar nuestra actitud, reeducar a la sociedad y para desgracia hacemos mayor mal que bien a estas personas, los indígenas solo piden dos cosas, el pleno respeto hacia ellos, esto se traduce en dejarlos ser como son, vivir donde viven, tener tierras como las tienen, contar con sus sistemas normativos, hablar su lengua como mejor les parezca, tener su forma de gobierno, su propio sistema de resolución de conflictos, usar los recursos naturales para su mayor desarrollo, etc. y la segunda, que exista la garantía y seguridad jurídica que la primera se cumpla.

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