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Dentro del sistema de justicia penal mexicano existen fundamentalmente dos momentos en los que una persona puede ser privada legalmente de su libertad: uno es como medida cautelar previa al juicio (lo que se conoce como prisión preventiva), y el segundo es posterior a la sentencia de un juez, quien de acuerdo a su criterio establece explícitamente una sanción que implica tiempo en prisión.

Racionalizar el uso de la prisión preventiva y garantizar el principio de presunción de inocencia son dos objetivos del nuevo sistema de justicia penal. Sin embargo, a casi ocho años de la reforma constitucional correspondiente, sólo 16 entidades han avanzado en la implementación de medidas cautelares distintas a prisión preventiva.

En el país 41% de las personas en prisión no han recibido sentencia, es decir, son inocentes en términos legales, de acuerdo con datos del sistema penitenciario nacional.

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En Morelos el sistema de justicia penal oral arrancó en 2008 y desde agosto de 2012 ofrece a las personas que cometen delitos no graves la posibilidad de esperar su juicio sin ir a prisión preventiva.

“Cuando cumplen sus medidas cautelares, es muy raro que alguno sea sentenciado y vaya a prisión, pues en general se trata de delitos no graves”, explica Sandra Román, directora de la Umeca en Morelos.

En la Ciudad de México, en cambio, donde apenas en enero de este año comenzó a operar el nuevo sistema, la cárcel ha sido la principal medida de administración de justicia.

Tan solo el 40% de los internos está preso por robos menores o narcomenudeo, de acuerdo con el documento Delincuencia, marginalidad y desempeño institucional.

“La mayoría de personas en la cárcel en el DF está por delitos menores, por malas defensas, porque tuvieron un defensor de oficio que no hizo nada o un abogado que sólo les robó. Son gente de escasos recursos, y no porque sólo ellos violen la ley, sino porque las personas con más dinero tienen mejores defensas”, dice Roberto Cortés, de Documenta.

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Seguir un proceso desde la prisión implica perder el trabajo, mermar la salud, sufrir la condena social y afectar a la familia, advierte Guillermo Zepeda Lecuona en el documento “Los mitos de la prisión preventiva”, publicado por Open Society Institute.

A pesar de las consecuencias de la prisión preventiva, todavía son poco comunes las medidas cautelares en libertad para las personas que enfrentan un juicio.

Juicios en libertad

Morelos, Puebla, Nuevo León, Tabasco, Baja California, Oaxaca, Chihuahua, Nuevo León, Aguascalientes, Yucatán y Durango son estados que ya cuentan con programas y unidades de medidas cautelares, cuyo objetivo es permitir a una persona seguir su proceso penal en libertad, por un delito no grave. El juez es el encargado de imponer este tipo de medidas, que buscan garantizar que el imputado no huirá mientras enfrenta su proceso. Para lograrlo, las unidades de medidas cautelares y oficinas similares vigilan de forma externa a las personas imputadas por un delito.

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El Sistema de Justicia Penal prevé como medidas cautelares en libertad la presentación periódica ante el juez o la autoridad asignada, la asistencia a las audiencias del juicio, trabajar o estudiar, pagar una garantía económica, prohibir la salida del país o de la localidad, y restringir el acercamiento a una localidad o domicilio por violencia familiar.

Los jueces también pueden obligar a que el imputado se someta al cuidado y vigilancia de una institución determinada, que use localizadores o brazaletes electrónicos, imponer el arraigo en domicilio, prohibir la convivencia con personas determinadas, suspender derechos, y obligar el internamiento en centros de salud, de adicciones o psquiátricos, entre otros.

Sanciones alternativas, a marchas forzadas

En el proceso que ha seguido el SJP, la aplicación de sanciones alternativas a la prisión ha tenido un avance todavía más lento que las medidas cautelares. Este tipo de penas sustituyen a la prisión una vez que un juicio ha encontrado culpable a una persona que comete un delito no grave.

Las leyes de estados como Baja California, Baja California Sur, Chiapas, Chihuahua, Durango, Estado de México, Michoacán, Morelos, Oaxaca, Puebla, Sinaloa, Sonora, Tabasco y Yucatán ya consideran en sus códigos penales y leyes las sanciones alternativas a la prisión, pero la aplicación más extendida es el cobro de una multa o la reparación del daño. Otras alternativas, como el trabajo a la comunidad están presentes en sus cuerpos legales pero no hay mecanismos o instancias diseñados para aplicarlas.

Los daños colaterales

estigma_social

Las medidas cautelares y las sanciones alternativas para quienes cometen un delito menor significan la posibilidad de evitar las consecuencias del encarcelamiento. Entre ellas la ruptura familiar, el estigma social y los costos de la prisión para el Estado y la familia.

Cada persona en prisión le cuesta al Estado 150 pesos al día en promedio, de acuerdo con el reporte “Situación y desafíos del sistema penitenciario mexicano”. Los familiares además tienen que proveer a los internos de los recursos suficientes para sobrevivir, frente a la falta de oportunidades laborales en las prisiones.

Para pagar el costo de la vida en la cárcel, los internos necesitan entre 100 y 150 pesos al día, que distribuyen de la siguiente manera: los custodios cobran 25 pesos por pasar lista y otros 25 por permitirle estar otro rato en el patio; si quieren hablar por teléfono tendrán que pagar entre 20 y 30 pesos y un bote agua para tomar o bañarse les costará 5 pesos. También tendrán que dar 10 pesos si quieren lavar su ropa, y entre 35 y 40 por una cobija para resguardarse del frío.

La familia además tendrá que suministrarles regularmente productos de aseo personal y alimentos, pagar por introducirlos al penal.

Casos de éxito

Chihuahua y Morelos son dos de las entidades que aplican con más éxito programas para evitar el abuso de la prisión preventiva. En ambos casos, el índice de cumplimiento de estas medidas es mayor a 90%, y cuando no hay éxito generalmente ocurre debido a la imposibilidad de llevar a cabo lo que se impone, reconocen autoridades de los dos estados.

Juan Salgado, investigador del CIDE, explica que lo más importante para implementar exitosamente las medidas cautelares es la coordinación interinstitucional.

“Primero hay que adoptar debidamente el código penal a las circunstancias locales, hay que contar con una ley de ejecución de sanciones precisa, que especifique cuáles son las medidas, cómo y quién las aplica, y que no dé margen a interpretación”, dice.

 

Vía Proyecto Justicia

3 Comments

  1. Francisco javier martinez hernandez dice:

    En estado de puebla el robo todo es agravado y no alcanza fianza es increible robos menos pesos las personas mo puefan obtener su libertad urge una reforma pero hecja x juristas no x politicos el famoso partido verfe es totalmente nefasto pero como se junto con pri sin recato apruebas leyes

  2. mafalda mini_mafalda@hotmail.com dice:

    se dice que no hay influencias de partidos politicos y tuve la mala malisima suerte de toparme con gente del PRD y usaron sus influencias para perjudicar gravemente la vida de 2 personas y todo por no querer andar con la hija de uno de esos tipos perredistas y soltar dinero y agarrarse de sus conocidos ojala que en verdad esa gente pague por lo que hicieron

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